Trabajadores del Poder Judicial inician paro de labores contra la reforma de AMLO
En el primer minuto del 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial iniciaron con un paro en protesta contra la reforma al sector.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron en el primer minuto de este 19 de agosto con un paro indefinido de labores, en protesta con la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las instalaciones en las que se comenzó el paro se encuentran las del Palacio de Justicia Federal ubicadas en el San Lázaro.
Se espera que en el transcurso de las siguientes horas, más entidades se sumen al paro. Durante este acto las sedes permanecerán cerradas y solo se atenderán asuntos urgentes.
“¡Todos Somos Uno! ¡Uno Somos Todos!”, fue la consigna que se gritó en San Lázaro.
Otras entidades que su sumaron a la suspensión, fueron Estado de México, Coahuila y Nuevo León.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) convocó este lunes a votar el paro de labores a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto en protesta por la reforma judicial.
“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la Jufed”, se lee en una convocatoria emitida la semana pasada.
El presidente López Obrador desestimó el miércoles el aviso de paro que hicieron los trabajadores del Poder Judicial por su polémica reforma para transformar el sistema de justicia y elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
“Están hablando jueces, magistrados y ministros (de la Corte) de que van a hacer una huelga el día 19 (de agosto). Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente, yo digo que sí, están en su derecho, somos libres”, declaró en su conferencia matutina.
El gobernante mexicano minimizó las consecuencias que tendría el paro adelantado por la Jufed, que se opone a la reforma constitucional que el oficialismo votaría en el Congreso en septiembre.
La agrupación de trabajadores advirtió de que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y, “sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.
Los cambios a la reforma
El dictamen de reforma al Poder Judicial mexicano, que será discutido y votado próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, incluye profundas modificaciones encaminadas a transformar el proceso de nombramiento y selección ciudadana de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles del país.
Este dictamen, que se presenta tras diálogos nacionales y más de 100 cambios a la iniciativa original del presidente López Obrador del 5 de febrero pasado, apunta a una serie de modificaciones clave en el Artículo 17 de la Constitución.
Entre ellas, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá al recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.
La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, establece que sus sesiones serán públicas y determina la renovación rotativa de la presidencia cada dos años mediante votación.
La remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el Presidente de la República y se prohíben la creación y operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos.
Uno de los cambios más significativos es la reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Los Magistrados del Tribunal Electoral durarán en su encargo seis años, mientras que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito permanecerán nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.
La propuesta de reforma también contempla que cualquier persona o autoridad pueda denunciar hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo ministros, magistrados y jueces, ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
En cuanto al proceso de elección ciudadana, se suprime el requisito de tener al menos 35 años cumplidos para ser ministro, magistrado o juez. Los candidatos deberán tener un título de licenciado en derecho con un promedio general mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo, además de al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica.
El proceso de elección será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que organizará las elecciones, realizará los cómputos, publicará los resultados y entregará constancias de mayoría. Las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá el financiamiento público o privado de las mismas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para promocionar candidaturas. Los partidos políticos y servidores públicos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de ningún candidato.
Para la primera elección de este tipo se abrirá un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, y los electos tomarán protesta ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.
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Foto de El Sol de México
